
Un nuevo capítulo judicial sacude los tribunales federales y vuelve a cruzar los caminos de los máximos protagonistas de la causa Vialidad. La Justicia investiga una presunta red de lavado de dinero que Lázaro Báez habría dirigido desde el penal de Ezeiza, manejando alquileres y ventas de propiedades embargadas por cientos de millones de pesos. La alarma se encendió al detectarse el vínculo con Sergio Felipe Pejkovic, el tasador designado por la defensa de Cristina Kirchner en el expediente de Vialidad. El dueño de la inmobiliaria allanada en Río Gallegos mantuvo contactos recientes con un operador de Báez sobre sus propiedades y ya le había vendido un inmueble a Austral Construcciones en 2007, lo que llevó al fiscal a advertir un grave conflicto de intereses.